Plataforma
Legislativa
2021-2024

Bertha y Keyla

Hemos decidido participar en esta contienda electoral porque creemos en la lucha genuina de los derechos de las mujeres, la inclusión del enfoque de género como un eje transversal para los cambios que nuestra sociedad necesita. Tenemos experiencia en la defensa de los derechos de las mujeres, por eso decidimos hacer equipo y construir esta plataforma legislativa como resultado de consultas con diversas poblaciones y sectores del país.

Bertha DeLeón

Bertha es abogada litigante en materia penal, defensora de derechos humanos y activista por los derechos de las mujeres. Ha representado mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia en procesos judiciales. Forma parte del equipo jurídico de la Colectiva Feminista, que defiende mujeres privadas de libertad por complicaciones obstetricas. Ha defendido a mujeres adolescentes y jóvenes privadas de libertad por infracciones a Ley Penal Juvenil y ha intervenido como querellante en procesos penales por delitos de corrupción. Licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Centroamericana

Keyla Cáceres

Egresada de licenciatura en historia en la Universidad de El Salvador, activista feminista y defensora de derechos de las niñas, mujeres y las juventudes. Keyla, se especializa en incidencia parlamentaria y organización comunitaria de mujeres, jóvenes y adolescentes. Actualmente trabaja en la Agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, además de militar en la colectiva de mujeres jóvenes artistas y feminista Amorales, es socia de las Asociación de mujeres jóvenes Ixchel. 

Conversatorio con Mujeres: Retos en Educación

PROPUESTAS

En El Salvador, de cada 10 estudiantes que culminan sexto grado, sólo 4 se gradúan de bachillerato; y sólo 2 ingresan o tienen acceso a educación superior. Esto es algo dramático y preocupante, ya que el 60% de los jóvenes que abandonan sus estudios en tercer ciclo, quedan condenados de por vida a aspirar a un salario que no supere el mínimo y, según algunos estudios, el grado de escolaridad y la calidad de la educación están relacionados con el crecimiento económico y “la posibilidad de ser más empleadas, así como recibir salarios más altos” (“Aprendizaje para todos”, Vélez et Al, 2020).

Estos impactos repercuten mayormente en las mujeres, según datos de PNUD, en el 2018 “siete de cada diez jóvenes que no estudian ni trabajan en El Salvador son mujeres, el 68 % de ellas tiene entre 16 y 24 años y el 31 % se ocupa en tareas de cuidado o trabajo reproductivo en el hogar por el que no reciben remuneración” (PNUD 2018). Es por ello, que urge plantear soluciones que permitan a las mujeres y juventudes mejorar el acceso a educación de calidad. La situación de pobreza y vulnerabilidad de las juventudes en riesgo termina reproduciendo ciclos perversos, que suelen terminar en embarazo precoz, migración, pandillas; y esto se debe justamente a un sistema educativo rígido, ineficiente, que no logra dar respuesta y la atención adecuada a la deserción escolar y sus múltiples causas. Las limitadas condiciones económicas de muchas familias salvadoreñas no permiten que la juventud acceda de manera plena a su derecho a la salud y recreación, así como una limitada proyección en sus estudios formales a largo plazo, ya que ni el marco legal vigente permite que se proyecte de su etapa de estudiante hacia la vida productiva, plena y digna.

NUESTRAS PROPUESTAS:

  • Creación de una ley especial de educación en tecnología y habilidades para la vida:
    • Procesos formativos de un año, que tenga valor y créditos académicos, con los cuales se facilite el acceso al mercado laboral con mejores salarios, prestaciones sociales y/o la continuidad educativa.
    • Creación de un Centro de Certificación de Competencias y Capacidades, para validar los cursos de habilitación laboral enfocados en innovación tecnológica, artes, habilidades para la vida y un segundo idioma.

Para disminuir la tasa de mortalidad materna es necesario cambiar la actual legislación que penaliza el aborto incluso para salvar la vida o la salud de la mujer gestante, pues según el Ministerio de Salud, el  97 % de las muertes maternas por causas directas e indirectas son prevenibles, causadas por trastornos hipertensivos, embarazos ectópicos, diabetes, enfermedades renales y hepáticas ante los cuales, en algunos casos si  hubiera existido la opción de interrumpir el embarazo se pudo haber evitado la muerte de estas mujeres.

Desde que se eliminaron las indicaciones para interrumpir el embarazo, reguladas hasta  1998  y hasta el año 2019 han sido procesadas penalmente 181 mujeres, la gran mayoría viviendo en pobreza, en comunidades marginalizadas y con bajos estudios, de las que 68 han sido condenadas. De ellas, 39 con penas de prisión que van desde los 15 a los 40 años. Al año, 3,359 mujeres se ven obligadas a poner en riesgo su salud y sufrir la tortura de tener que continuar durante meses con un embarazo de una criatura que no puede sobrevivir. Según la memoria de labores 2019-2020 del ministerio de salud, se reporta que el 24.5% del total de embarazos en el sistema público corresponde a niñas de 10 a 19 años. El Salvador es uno de los únicos 9 países en el mundo con una legislación que penalice absolutamente el aborto.

NUESTRA PROPUESTA:

  • Nosotras proponemos cambios legales para garantizar una legislación que permita a las mujeres y a prestadores de servicios de salud, la interrupción del embarazo en determinadas circunstancias, en las que su prolongación viola derechos fundamentales de las mujeres.
  • No obligar a una mujer a prolongar un embarazo con malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina.
  • Toda niña entre 10 y 14 años, embarazadas producto de violación sexual, pueda tener la opción de interrumpir el embarazo que pone en riesgo su salud y afectan sus proyectos de vida, las condena a vivir en ciclos de violencia y en algunos casos, las lleva al suicidio.
  • Toda mujer embarazada producto de violencia sexual, pueda tener la opción de interrumpir el embarazo, si así lo desea.
  • No obligar a una mujer a prolongar un embarazo cuando se ponga en riesgo su salud y vida.
  • Evitar el procesamiento y condena de mujeres, que enfrentan emergencias obstétricas y son denunciadas por aborto desde los Hospitales públicos y posteriormente condenadas por homicidio agravado con penas injustas y desproporcionadas.

Toda mujer en las situaciones anteriores debería tener acceso a:

  • Evaluación médica especializada oportuna (antes de las 12 semanas de embarazo).
  • Acompañamiento psicológico pertinente.
  • Interrupción del embarazo en condiciones seguras, con personal disponible en todos los establecimientos las 24 horas.

En El Salvador, cada día se reportan 37 embarazos de niñas, adolescentes y jóvenes; de enero a septiembre de 2020 hubo 376 embarazos en niñas de 10 a 14 años  y 9,673 en adolescentes de 15 a 19 años. La mayoría de los embarazos en niñas son resultado de violencia sexual, hasta agosto de 2020  el Ministerio de Salud reportó  759 atenciones a víctimas de violencia sexual. La actual propuesta de ley de  Educación Integral en Sexualidad no cuenta con el componente interdisciplinario de la sociedad civil que proponga y asegure un enfoque intersectorial y multidimensional centrado en el disfrute y goce de sus vidas como un derecho.

NUESTRA PROPUESTA:

Nosotras proponemos garantizar una Educación Integral en Sexualidad (EIS) que promueva un ambiente seguro, donde las niñas y adolescentes sean respetadas, se les motive a soñar sin estereotipos, que puedan crear, desarrollar sus ideas y alcanzar sus metas con plenitud y dignidad durante todo el transcurso de sus vidas. Es por ello que nuestra propuesta consiste en:

  • Incorporar, con base en la edad y el desarrollo del estudiantado, la Educación Integral en Sexualidad dentro de las propuestas educativas, orientadas a la formación armónica, equilibrada y permanente de las personas.
  • Asegurar el desarrollo de saberes pertinentes, precisos, confiables y actualizados en Educación Integral en Sexualidad.
  • Promover actitudes responsables ante la sexualidad, construyendo hábitos y comportamientos responsables y saludables centrada en derechos.
  • Prevenir los riesgos y problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular.
  • Asegurar la igualdad de trato y oportunidades, la no discriminación y un acceso igualitario a la EIS para las diversas identidades de género y orientaciones sexuales.
  • Garantizar la formación gratuita, permanente, pertinente y en servicio a docentes, personal no docente y equipos de conducción de las instituciones educativas de todos los niveles y modalidades, conforme a las exigencias de dicha ley.
  • Constituir un Consejo de Monitoreo del Programa de Educación Integral en Sexualidad convocado por el MINEDUCYT, integrado por organizaciones de la sociedad civil para asegurar su implementación.

El Salvador fue calificado como uno de los países con mayor índice de feminicidios en América Latina en 2018, por el  Observatorio de Igualdad de Género de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En los últimos 8 años de todas las denuncias de feminicidios realizadas ante el sistema de justicia sólo un 8.5% se lograron probar judicialmente como feminicidio, aumentando la impunidad del Estado en estos crímenes, y dejando en abandono a hijos, hijas y familiares de las víctimas.

NUESTRA PROPUESTA:

Desde nuestra experiencia en el acompañamiento legal y desde el movimiento feminista proponemos, a petición de las madres de las víctimas, hijas, hermanas, abuelas, y juezas especializadas (LEIV) proponemos una ley de responsabilidad del Estado, que  tiene la obligación de garantizar seguridad integral a las víctimas de feminicidio y sus familia, por eso vamos a trabajar para que todas las instituciones del Estado respondan de manera digna a las familias, a las niñas y niños que quedan en orfandad. Creemos que podemos hacerlo promoviendo que se les garantice:

  • Acceso a justicia para las familias víctimas.
  • Indemnización para hijas e hijos.
  • Educación de calidad hasta el nivel superior como un derecho inalienable.
  • Atención psicológica urgente y adecuada para toda la familia afectada.
  • Asumir todos los gastos funerarios.

El país aún no cuenta con un reconocimiento formal para certificar la identidad de género de las personas transgénero y transexuales. Pese a reconocer el derecho a la no discriminación por identidad de género (Art. 3, Cn), este es uno de los sectores sociales más vulnerados en el país por las condiciones económicas y la situación delictiva. La ausencia de esta ley limita el acceso de prestaciones sociales, les invisibiliza, limita la creación de políticas públicas en beneficio del mismo, diluye los casos de violencia y crímenes por odio, dificulta el acceso a la justicia, promueve la impunidad y por ello se vulneran sus Derechos Humanos.

Además, dificulta el goce formal a los servicios básicos de salud, educación, vivienda, y trabajo por la existente discriminación en la sociedad salvadoreña. También dificulta el acceso a créditos, realizar trámites bancarios entre otros, ya que su Documento Único de Identidad no corresponde a la identidad y expresión de género con la que se identifican, significando una clara vulneración a sus derechos fundamentales y, en consecuencia, a otros derechos, por razones de creencias sesgadas y excluyentes.

NUESTRA PROPUESTA

  • Impulsar el anteproyecto de Ley de Identidad de Género elaborada por la Mesa Permanente por una Ley de Identidad de Género en El Salvador.
  • Conformar desde la Asamblea Legislativa una mesa de trabajo con las organizaciones que impulsan la Ley de Identidad de Género.

El comercio informal en el país, ronda el 43.32% de acuerdo a la Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) y el 74.8% según la estimación de la Comisión Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa (CONAMYPE) (OIT, 2020). Otros expertos estiman la economía informal en el país es del 60% y las mujeres representan el 45.9% del sector de servicios, comercios y mercados, según EHPM (2019).

NUESTRA PROPUESTA:

Comprometidas con la autonomía económica y el desarrollo integral de las mujeres de El Salvador buscamos formular una propuesta de microcréditos para mujeres en el sector informal, que ofrezca soluciones financieras inclusivas, con bajo interés y condiciones para tramitación del crédito especiales ( sin incluir pago de comisión por trámite, gastos notariales, que no se pidan garantías prendarias ni hipotecarias).

  • Establecer montos que ronden entre los 500 a 5 mil dólares.
  • Acceder a estos préstamos aun si tienen calificación de riesgo en el sistema financiero.
  • Incluir asesoría sobre plan de negocios y acompañamiento en la administración